Permisos en Suiza: qué se paga, quién lo paga

En Suiza no existe, jurídicamente hablando, un “permiso de trabajo”. Lo que se concede es un permiso de residencia (L, B, C, G, etc.) que autoriza también a ejercer una actividad profesional.

En Suiza no existe, jurídicamente hablando, un “permiso de trabajo”. Lo que se concede es un permiso de residencia (L, B, C, G, etc.) que autoriza también a ejercer una actividad profesional. No es un matiz lingüístico: es así como está definido en la legislación federal y de ahí vienen muchas confusiones recurrentes. Las tasas de estos permisos no son libres ni arbitrarias. Están reguladas a nivel federal por la ordenanza de emolumentos vinculada a la Ley sobre los Extranjeros y la Integración. La Confederación fija importes máximos y los cantones los aplican dentro de ese marco. No existe una tarifa única nacional, pero tampoco un “cada cantón hace lo que quiere”. Para ciudadanos de la UE/AELC, el tope es claro: el emolumento máximo es de 65 francos para la expedición o renovación de los permisos L, B, Ci y G, incluyendo la foto, la firma y la producción de la tarjeta. Ese mismo límite se aplica también al permiso C. Los cantones no pueden cobrar más por ese conjunto de prestaciones. Para nacionales de terceros Estados, el sistema es más complejo y las tasas son más altas. Se desglosan por tipo de trámite: decisión de entrada, autorización, datos biométricos y producción del título. El importe final depende del caso concreto, pero siempre dentro de los máximos fijados por la normativa federal. ¿Quién paga? Desde el punto de vista legal, paga la persona solicitante. No existe ninguna obligación general que imponga al empleador el pago del permiso. Que algunas empresas lo asuman forma parte de su política interna o de lo que se haya pactado en el contrato, pero no es la regla por defecto. El documento emitido es un permiso de residencia. El derecho a trabajar está integrado en ese mismo título, en función del tipo de permiso y de la situación declarada. No hay un papel adicional ni una “licencia de trabajo” separada. El verdadero punto sensible no suele ser el coste, sino la demora. Según el cantón, la época del año y el perfil del solicitante, los plazos pueden ir de unas semanas a varios meses. En muchos cantones, los ciudadanos UE/AELC pueden empezar a trabajar una vez presentada la solicitud completa. En el caso de terceros Estados, normalmente hay que esperar la decisión formal.