El martes el Tribunal Penal Federal de Bellinzona condenó a Pierre Mirabaud, de 77 años, a dos años de prisión con suspensión condicional. Mirabaud presidió la Asociación Suiza de Banqueros entre 2003 y 2009 y era socio de la banca privada ginebrina que lleva su apellido, una de las más antiguas y respetadas del país. Reconoció los hechos: durante años hizo llegar comisiones ocultas por más de 82 millones de francos al entonces director de la caja de pensiones del Estado de Kuwait, para que este colocara fondos públicos kuwaitíes, más de 595 millones de dólares, en productos de inversión de su banco.
Le condenaron también por blanqueo agravado, porque transfirió esas comisiones de forma pensada para dificultar rastrear su origen. Ya ha devuelto 42 de los 82 millones. En el mismo caso han sido condenados en paralelo otros tres nombres conocidos de Ginebra: Yves Mirabaud, el expresidente del Colegio de Abogados de Ginebra Luc Argand, y el responsable de una fiduciaria. El funcionario kuwaití, ya fallecido, había sido condenado en rebeldía en su país por corrupción y desvío de fondos públicos.
Lo que más llama la atención no es la cifra, que ya es considerable, sino la pena. Dos años con sursis, es decir condicional, por haber sostenido durante una década un sistema de comisiones ocultas de más de 82 millones de francos. Mientras tanto, cualquier residente extranjero sabe lo que puede complicarse un permiso B por una deuda de unos pocos miles de francos con la administración fiscal, o lo que cuesta una multa por no anunciar a tiempo un cambio de domicilio. La justicia suiza ha funcionado, y en este caso lo ha hecho con nombre y apellido de peso. Pero cuesta no pensar que hay faltas que se pagan con años de cárcel efectiva, y faltas que, cuando llevan corbata y patrimonio detrás, se resuelven con una condicional y una devolución parcial.