Lo que está pasando con el caso Patrick Frei en Suiza conviene conocerlo. Frei, ex diputado del Gran Consejo de Argovia por la UDC entre 2021 y 2023, está acusado de haber drogado y agredido sexualmente a tres mujeres durante años, entre ellas una menor de 15 años. El Ministerio Público pide cadena perpetua. Los cargos incluyen tentativas de asesinato, porque las dosis administradas podían poner en peligro la vida de las víctimas. Sí, como suena.
Pero lo que más ha dejado a mucha gente boquiabierta no son solo los hechos en sí. Son lo que le pasó a dos de las víctimas: trabajadoras polacas que vivían en Suiza y que, cuando fueron a denunciar, se encontraron con que las autoridades cuestionaban si su contrato de trabajo era real o ficticio para obtener el permiso de residencia. O sea: acaban de denunciar una agresión sexual y lo primero que reciben es una amenaza de expulsión. En agosto de 2026, el Tribunal Administrativo de Argovia tuvo que llamar oficialmente al orden a la Oficina Cantonal de Migraciones.
La prensa suiza compara este caso con el Pelicot francés. Las diferencias existen, pero la lógica es reconocible: alguien en posición de poder, durante años, y sin que nadie preguntara demasiado. El Consejo Federal ha propuesto modificar la ley para que las víctimas de sumisión química queden cubiertas por el seguro de accidentes (LAA). Hasta ahora no lo están, porque la ley exige que la víctima haya podido resistir o demostrar sufrimiento de forma consciente. Un requisito que, aplicado a alguien que fue drogada, resulta directamente kafkiano.
Para las personas que viven en Suiza en situación de dependencia laboral, ya sea en empleos domésticos o en cualquier otro contexto donde hay una clara relación de poder, este caso tiene un ángulo concreto: las víctimas eran trabajadoras extranjeras con permiso de residencia, y lo primero que se cuestionó no fue si lo que contaban era verdad, sino si tenían derecho a estar aquí.