El martes 28 de julio, el Tribunal de Distrito de Zurich vivió una escena que no se ve todos los días. Un hombre de 53 años, electricista húngaro, acusado de haber matado a siete cuchilladas al gerente de un bar en la Langstrasse en 2023, llegó a la sala acompañado de dos sanitarios y en una cama medicalizada. Está en cuidados paliativos por un cáncer en fase terminal. El tribunal lo consideró apto para comparecer porque, según el juez, estaba "suficientemente orientado en el tiempo y el espacio". La escena tiene algo de surrealista: un hombre que quizás no llegue a ver el veredicto, tumbado en el banco de los acusados mientras el fiscal pide 16 años de prisión e internamiento posterior.
El perfil del caso no simplifica las cosas. Los peritos han concluido que el acusado padece esquizofrenia paranoide. Creía estar buscando a una mujer africana llamada Debora y a su supuesto hijo, y estaba convencido de que el personal del bar le ocultaba información. Ante el juez lo negó todo: que hubiera estado en el Lugano-Bar, que hubiera estado en Zurich esa noche, que hubiera matado a nadie. "No he cometido ningún asesinato." La defensa pide absolución por irresponsabilidad penal. El veredicto se dictará más adelante.
Lo que queda de esta imagen es la pregunta que flota en toda sala de tribunal cuando el sistema se topa con alguien que claramente no estaba en condiciones de juzgarse a sí mismo: ¿cuándo la enfermedad mental y la responsabilidad penal van en la misma dirección? En Suiza, la respuesta siempre pasa por la pericia psiquiátrica. Y a veces esa pericia son 114 páginas redactadas después de tres horas de entrevista, como ha criticado la defensa en este caso.