Hace exactamente un año, el glaciar del Birch cedió en el Lötschental valaisano y descargó diez millones de toneladas de roca y hielo sobre el pueblo de Blatten. En cuatro minutos, el 96% de las casas había desaparecido bajo escombros de hasta 100 metros de espesor. Ciento treinta viviendas. Un muerto. Seiscientas personas evacuadas de golpe, que un año después siguen sin poder volver a lo que fue su hogar. Los daños materiales suman unos 320 millones de francos, según la Asociación Suiza de Seguros.
La solidaridad fue inmediata. Se recaudaron 72,5 millones de francos en donaciones de toda Suiza y de fuera. Pero un año después, solo se ha gastado el 45% de ese dinero. El resto sigue esperando porque la reconstrucción tarda, los terrenos donde edificar hay que encontrarlos y comprarlos, y más del 70% del municipio ha quedado en zona roja, donde no se puede volver a construir. El nuevo Blatten, si todo va según los planes, podría estar listo hacia 2029. Mientras tanto, la gente sigue dispersada.
Lo que ha salido a la luz en estas semanas del aniversario es lo que más incomoda. El filósofo y teólogo Jean-Marc Tétaz, que perdió en el derrumbe una biblioteca personal de 5.000 volúmenes acumulados a lo largo de toda su vida profesional, ha presentado una demanda contra el cantón del Valais. Sus abogados sostienen que las autoridades conocían los riesgos desde 2022 y mantuvieron a la población en la ignorancia. No riesgos genéricos de alta montaña, que los hay en todas partes. Riesgos documentados, específicos. Y la gente se quedó en sus casas sin saberlo.
En Suiza, cuando llega una catástrofe natural, la respuesta logística suele funcionar: las evacuaciones se hacen, los seguros pagan, el dinero llega. Lo que no resuelve ningún protocolo es la pregunta que deja este primer aniversario: si la información existía, ¿a partir de cuándo hay obligación de compartirla con quienes viven encima del riesgo?