En 1961, España firmó un convenio bilateral con Suiza que organizaba la llegada de trabajadores españoles. Eran jóvenes de entre 25 y 29 años, el 84% hombres, el 70% casados, en su mayoría sin formación profesional. Trabajaban en la construcción, en la industria metalúrgica, en la hostelería. El 68% venía de Galicia según los datos de la época. Y llegaban con el estatuto de trabajador estacional, el famoso saisonnier: contrato de máximo 8 meses al año, sin posibilidad de renovación automática, sin derecho a traer a la familia durante años.
En 1973, los españoles representaban el 2,22% de la población suiza, pero casi el 4% de la fuerza laboral. Hacían una parte considerable del trabajo que sostenía el crecimiento económico del país, vivían en barracones o en alojamientos compartidos, enviaban dinero a casa, y volvían cada año como si fueran de temporada. Muchos tardaron más de una década en poder reagrupar a su familia, y algunos nunca llegaron a hacerlo.
El estatuto de saisonnier no desapareció hasta 2002, cuando los acuerdos bilaterales entre Suiza y la Unión Europea normalizaron la libre circulación. Cuarenta años de un sistema que trataba a los trabajadores extranjeros como mano de obra temporal, renovable o no según las necesidades económicas del país, sin demasiada consideración por lo que eso significaba para las familias en cuestión.
Hoy hay alrededor de 110.000 ciudadanos españoles registrados en Suiza. La mayoría llegó después de la crisis de 2008, con formación universitaria, buscando trabajo en sectores completamente distintos a los de la primera generación. Dos oleadas, dos condiciones de llegada muy distintas, el mismo país, y en muchos casos la misma soledad de los primeros meses. El grupo tiene miembros de las dos épocas. Eso, cuando lo piensas, dice bastante.