El Consejo Federal ha anunciado que quiere endurecer las condiciones bajo las cuales los extranjeros pueden adquirir o conservar inmuebles en Suiza. La medida más concreta sobre la mesa es la siguiente: si eres extranjero y dejas de residir en Suiza, dispondrías de un máximo de dos años para vender tu vivienda principal. La intención declarada es impedir que propiedades en manos de personas que ya no viven aquí permanezcan fuera del mercado, agravando la escasez de vivienda. La Oficina Federal de la Vivienda (OFL) ya ha advertido que la penuria inmobiliaria empeorará en 2026, y el argumento político de que los extranjeros "acaparan" vivienda hace tiempo que circula en el debate público suizo.
Conviene ser precisos sobre quién afecta esto, porque la confusión puede ser grande. Los ciudadanos de la UE que viven y trabajan en Suiza bajo el Acuerdo de Libre Circulación de Personas (ALCP) no necesitan actualmente ninguna autorización especial para comprar su residencia principal. Ese derecho no cambia con las medidas anunciadas, al menos por ahora. Lo que cambia es el régimen para quienes adquieren propiedad sin residir en Suiza, y el mercado de segunda residencia y propiedades vacacionales en zonas turísticas, que ya está sujeto a contingentes cantonales bajo la Lex Koller. Esos contingentes quedarían reducidos, y las compraventas entre extranjeros no domiciliados pasarían a requerir autorización expresa.
Hay en todo esto una contradicción que vale la pena subrayar. Al mismo tiempo que se debate en referéndum limitar cuántos extranjeros pueden vivir en Suiza, el Consejo Federal propone nuevas restricciones para quienes ya vivieron aquí y se fueron. No se les facilita quedarse, y tampoco se les pone sencillo marcharse con lo que compraron. El mercado inmobiliario suizo no es solo un mercado: es un instrumento político. Y cuando la política toca el ladrillo en Suiza, los que acaban ajustando su comportamiento son siempre los mismos.